A VUELTAS CON EL “IMPUESTO DE LAS HIPOTECAS”

Conceptos jurídicos y tributarios, que normalmente se manejan entre abogados, economistas y notarios, algunas veces descienden al conocimiento popular con motivo de debates políticos o sentencias polémicas. Es lo que ha ocurrido con el mal llamado “impuesto de las hipotecas”. Llevamos muchos años contratando hipotecas con los bancos, y la gran mayoría de los ciudadanos asumíamos que no tenemos más remedio que pagar “una serie de gastos” al banco, al notario al registro, etc.

Las hipotecas, por sí mismas, no pagan ningún impuesto. Ya pagamos el IVA o el impuesto de transmisiones por la compra de la vivienda. Al recibirse un préstamo con hipoteca, la operación, como acto jurídico, ha de documentarse en una escritura ante notario e inscribirse en el Registro de la propiedad. Esto ocurre no solo con las hipotecas, sino con muchas otras operaciones que se realizan habitualmente, como la constitución de derechos reales, préstamos, fianzas, arrendamientos, pensiones y concesiones administrativas, o la formalización de gran variedad de documentos notariales, mercantiles o administrativos.

¿Cuánto se paga por este impuesto?

La ley (Real Decreto Legislativo 1/1993) establece varios porcentajes, según el acto de que se trate. Para las hipotecas es el 1%, pero las comunidades autónomas, que son los beneficiarios de este tributo, pueden recargarla, hasta alcanzar el 1,5%. Normalmente es el 1%, y puede no parecer mucho, pero es que este porcentaje no se aplica solo sobre el capital prestado por el banco, sino que hay que añadir a esa cantidad otros conceptos, como los intereses ordinarios, los de demora, las costas por si hay que ejecutar la hipoteca por impago, y otros gastos. Así, una hipoteca de 110.000 euros de capital se convierte a efectos de este impuesto en unos 190.000 euros, por lo que se pagarán 1.900 euros.

¿Por qué la polémica?

Desde 1993, el sujeto pasivo y obligado al pago es quien recibe el préstamo hipotecario, según la Ley (art. 8) y el Reglamento (art. 68) de este impuesto, pero en Diciembre de 2015 el Tribunal Supremo, influido por la corriente social y política, crítica con las cláusulas abusivas de los bancos, dictó una resolución que “interpretaba” ambas normas a favor de quien recibe el préstamo. Aunque seguía figurando como sujeto pasivo del impuesto, consideraba que el obligado al pago ha de ser el banco, que es quien en realidad se beneficia de que la hipoteca se escriture y se inscriba.

La contradicción entre la norma y el criterio cambiante del Supremo, que había llegado a anular el párrafo del reglamento que exoneraba a los bancos, la “alarma social” y la trascendencia que uno u otro criterio pudiera tener en la economía general, ha obligado al tribunal a fijar doctrina definitiva el pasado 06-11-2018.

 

En una sesión muy controvertida, y por escaso margen (7 miembros contra 5), el Supremo ha fallado que el impuesto lo paga quien recibe el préstamo, porque así lo dice la Ley y el Reglamento, y hasta que no se cambien las normas por el legislador, esta situación no se puede cambiar. La nueva doctrina no ha sentado nada bien a amplios sectores sociales y políticos, y ha deteriorado la confianza en nuestro máximo órgano judicial, tanto por su criterio cambiante como porque los conceptos jurídicos que han tenido en cuenta, perfectamente legítimos, no se entienden bien por el común de los ciudadanos.

La reacción del actual gobierno ha sido la inmediata modificación de la Ley y el Reglamento, por Decreto, y por tanto en todas las hipotecas que se contraten a partir del día 12-11-2018 el impuesto lo paga el banco. Está por ver lo que digan los tribunales europeos, ante los que se ha recurrido el fallo del Tribunal Supremo, pues está en juego, no ya que los bancos paguen el impuesto a partir de ahora, sino que puedan verse obligados a pagarlo, con efecto retroactivo, en todas las hipotecas formalizadas desde hace años.

 

 

De Juan & Asociados. Departamento de Derecho Civil

 

 

 

AVISO A LOS AUTÓNOMOS A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018

Más obligaciones para los autónomos

La Tesorería General de la Seguridad Social de Sevilla ha comunicado al Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla  recordatorio de escrito informativo relativo a los servicios electrónicos de Seguridad Social disponibles, e  informa sobre la relación electrónica obligatoria que deberán de mantener todos los autónomos con la TGSS a partir de octubre de 2018. Se adjunta información al respecto.

Tríptico relación electrónica Autonomos

 

Dpto. Laboral De Juan & Asociados

Servicio doméstico: necesario e invisible

Según el Instituto Nacional de Estadística, hay en España 420.000 personas dadas de alta en el Régimen Especial de Empleados del Hogar. Los esfuerzos del legislador para “hacer visible” y dar mejor cobertura a este sector esencial de nuestro bienestar social no han conseguido su objetivo, por diversas razones, ya que según la última Encuesta de Población Activa hay en realidad 637.000 personas ocupadas en el empleo doméstico, y según la Organización Internacional del Trabajo, la cifra alcanza los 747.000 trabajadores. Nuestro país ocupa el primer puesto de Europa, seguida de Francia e Italia.

No es casual que los tres países gocen de una elevada calidad de vida, en comparación con otros, y en buena parte es gracias al empleo doméstico. Hace décadas era un lujo que solo se podían permitir las familias más adineradas, pero hoy día es una necesidad para gran parte de los hogares. Antiguamente, predominaba la figura de la “interna” entre aquellas familias que se lo podían permitir, pero actualmente es mayoritario el empleo a tiempo parcial, unas horas a la semana, tiempo suficiente, y a la vez imprescindible, para muchos hogares.

Pero, ¿Qué es el servicio doméstico?

En primer lugar, es casi totalmente femenino (90% de mujeres), como lo ha sido históricamente. En segundo lugar, según el ministerio de Empleo, abarca diversas actividades, como las tareas domésticas, el cuidado o atención de los miembros de la familia, guardería, jardinería, o conducción de vehículos.

¿Por qué hay tanta diferencia entre el empleo oficial y el empleo real?

El trabajo en el hogar ha sido siempre proclive a la economía sumergida, por varias razones. La primera de todas es la dificultad de control por los servicios de inspección, ya que se desarrolla de puertas adentro de los domicilios. Otras causas son de índole económica, tanto por parte del empleador (evitar pagar las cotizaciones sociales), como de la empleada (ya es beneficiaria de prestaciones o subsidios por desempleo, viudedad, invalidez, etc.). Finalmente, otras causas son de índole legal (la mayoría de las empleadas del hogar son actualmente extranjeras, muchas de ellas sin permiso de trabajo).

¿Cuál es actualmente el régimen legal del trabajo doméstico?

Se recoge esencialmente en el Real Decreto 1620/2011 y Real Decreto-ley 29/2012. Desde 2012 no existe la figura de la “empleada de hogar autónoma”. Ambos decretos han establecido un nuevo régimen por el que paulatinamente se están integrando en igualdad de condiciones, y con las mismas prestaciones (desempleo, incapacidad, maternidad, etc.), en el régimen general de la Seguridad Social.

Básicamente, si una empleada del hogar trabaja más de 60 horas mensuales para un empleador, es éste el obligado a cursar el alta de la trabajadora y efectuar las cotizaciones. Desde el 01 de Enero de 2016, los empleados de hogar que presten servicios durante un tiempo inferior a 60 horas mensuales por hogar familiar podrán formular directamente su afiliación, altas, bajas y variaciones de datos, siempre y cuando lo acuerden con el empleador, quien, en todo caso, deberá firmar la documentación necesaria para formalizar dichos trámites. Sin embargo, el empleador será responsable subsidiario en caso de que la empleada no ingrese las cotizaciones, y este es otro motivo más que desanima a muchos a contratar.

En este folleto editado por el Ministerio de Empleo puede encontrar toda la información básica, actualizada a 2018, si tiene intención de contratar o ser contratada. También puede hacernos llegar sus dudas o consultas a través de la sección de contacto.

 

De Juan & Asociados. Departamento laboral.

 

CÓMO Y CUÁNDO HACER LA DECLARACIÓN DE LA RENTA

No llevamos ni mes en campaña de renta y ya la han presentado casi 3 millones y medio de contribuyentes, en torno a un 20% más que el año pasado a estas alturas de la campaña. ¿A qué se puede deber este aumento de presentaciones? ¿Acaso ha aumentado el número de personas que están obligadas a presentarla? La razón se aleja mucho de eso. Básicamente se debe a la  simplicidad de los nuevos métodos de presentación que ha instaurado la Agencia Tributaria.

En primer lugar, se ha creado una aplicación móvil, usada ya por más de 120.000 personas. Este método, normalmente es usado por contribuyentes que apenas tienen que realizar modificaciones en el borrador que les presenta Hacienda.

Seguidamente, encontramos el plan `Le llamamos´, utilizada sobre todo por ciudadanos que no están tan acostumbrados a las nuevas tecnologías. Tradicionalmente este grupo de personas se personaban en las oficinas de la Agencia Tributaria, con cita previa, y realizaban sus declaraciones de la renta con ayuda de un funcionario. Ahora, esto mismo se puede hacer telefónicamente (901 22 33 44 / 91 553 00 71, operador de 9 a 19 horas de lunes a viernes, o 901 12 12 24 / 91 535 73 23, servicio automático 24 horas), eligiendo un tramo de 15 minutos entre las 9 y las 20:30 horas para que algún funcionario le llame en el tramo elegido, debiendo tener a disposición la información necesaria para la confección de la declaración.

Ambos métodos son una de las novedades de la campaña de renta de este año; todo ello, sin perjuicio de los métodos tradicionales de presentación, como son el Portal Renta (web de la agencia tributaria), por teléfono (901 200 345//915 356 813, en horario de lunes a viernes de 9 a 21 horas) o presencialmente en las oficinas de la AEAT (con cita previa)

En rangos generales, la presentación de la declaración debe hacerse en el periodo comprendido entre el 4 de abril y el 2 de julio de 2.018, pero dependiendo de qué método se quiera utilizar tenemos que tener en cuenta otros plazos. 

Desde el primer día que comienza la campaña (4 de abril) se puede pedir cita previa para realizar la declaración con el programa `Le llamamos´, y le llamarán el día concertado. A partir del 8 de mayo se puede pedir cita para que le confeccionen la declaración de manera presencial en cualquiera de sus oficinas (le darán cita del 10 de mayo en adelante), y el ultimo día para pedir cita es el 29 de junio. Y, finalmente, el 27 de junio es el último día para presentar la declaración si el resultado es a ingresar y quiere domiciliar el ingreso, si no es así, puede presentarla hasta el 2 de julio.

Patricia Penella Salas. Área fiscal.

SERVIDUMBRES. LO MÁS ESENCIAL Y ALGUNAS CURIOSIDADES

Las servidumbres son limitaciones a la propiedad y al uso, casi siempre de bienes inmuebles, que existen desde tiempo inmemorial. Fueron sobre todo los romanos quienes recogieron esta figura en sus normas, con admirable detalle. Nuestras leyes, herencia directa del Ius Civile, regulan la servidumbre y sus clases en el Código Civil (Título VII, arts. 530 a 604), cuya redacción no ha experimentado apenas ningún cambio desde su compilación en 1889. Otras normas relativas a servidumbres se pueden encontrar en la legislación administrativa o en el derecho foral.

La esencia de esta figura se recoge en el art. 530 CC: La servidumbre es un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante; el que la sufre, predio sirviente. Pero no solo se puede constituir una servidumbre en un predio o finca a favor de otra finca, sino a favor de personas, como dice el artículo 531 CC: También pueden establecerse servidumbres en provecho de una o más personas, o de una comunidad, a quienes no pertenezca la finca gravada. Veremos más abajo algunos ejemplos.

Clases de servidumbre, cómo nacen y se extinguen.

Las servidumbres se pueden clasificar según su carácter o según su naturaleza. En el primer caso, pueden ser continuas o discontinuas, aparentes o no aparentes, positivas o negativas, legales o voluntarias. Por su naturaleza pueden ser servidumbres en materia de aguas, de paso, de medianería, de luces y vistas o de desagüe de edificios.

¿Cómo nace una servidumbre? Puede originarse en virtud de título (pacto, acuerdo, escritura, sentencia o incluso signo aparente de que existe), o por prescripción (uso pacífico continuado, aún sin título), en este caso, de veinte años. Las servidumbres legales vienen impuestas por razones de utilidad pública o en interés de particulares. ¿Cómo se extinguen? Hay varias formas: cuando se reúne en una sola persona la propiedad del predio dominante y el sirviente, por acuerdo entre ambas partes, por renuncia de una de ellas, por su no uso durante 20 años o por cumplimiento de su condición.

Algunas conocidas. Otras desconocidas. Todas vigentes.

Las servidumbres en materia de aguas ocupan 12 artículos del título (552 y siguientes). La primera, tal vez la más antigua, tiene causas orográficas y físicas: Los predios inferiores están sujetos a recibir las aguas que naturalmente y sin obra del hombre descienden de los predios superiores, así como la tierra o piedra que arrastran en su curso. Las orillas de los ríos, en una anchura de tres metros durante toda su extensión, están sujetos a servidumbre en favor de la navegación, la flotación, la pesca y el salvamento. Los predios contiguos a ríos navegables están también sujetos a la llamada servidumbre de camino de sirga para la navegación. Cuando solo existía la navegación a remo o vela, para remontar los ríos era necesario en ocasiones “remolcar” la embarcación río arriba desde este camino, mediante sirgas (cuerdas) de las que tiraban personas o animales.

Otra curiosa servidumbre de aguas es la de estribo de presa. Cuando para la derivación o toma de aguas de un río o arroyo, o para el aprovechamiento de otras corrientes continuas o discontinuas, fuere necesario establecer una presa, y el que haya de hacerlo no sea dueño de las riberas o terrenos en que necesite apoyarla, podrá establecer la servidumbre de estribo de presa, previa la indemnización correspondiente. Esta sección se refiere finalmente a las servidumbres de saca de agua y abrevadero, de acueducto y de parada o partidor.

 

La más popular de las servidumbres es la de paso, que puede adoptar variadas formas. Se describe en el artículo 564: El propietario de una finca o heredad, enclavada entre otras ajenas y sin salida a camino público, tiene derecho a exigir paso por las heredades vecinas, previa la correspondiente indemnización. Esta servidumbre es conocida, sobre todo, por dar lugar a frecuentes controversias y disputas, no solo entre particulares, sino con la Administración. Y es que en esta modalidad se pueden encuadrar las servidumbres existentes de paso para ganados, conocidas con los nombres de cañada, cordel, vereda o cualquiera otro, y las de abrevadero, descansadero y majada. Así, la cañada no podrá exceder en todo caso de la anchura de 75 metros, el cordel de 37 metros 50 centímetros, y la vereda de 20 metros. Es muy frecuente que los propietarios de terrenos colindantes con estas cañadas o veredas históricas hayan invadido casi toda su anchura. En los últimos años, las administraciones y asociaciones ecologistas están intentando recuperar para el disfrute público estos terrenos “usurpados”, que recorren en ocasiones los más bellos parajes de nuestra geografía.

Otra modalidad de servidumbre que provoca frecuentes pleitos y disputas entre particulares es la de medianería. Según el artículo 572, Se presume la servidumbre de medianería mientras no haya un título, o signo exterior, o prueba en contrario: 1º) En las paredes divisorias de los edificios contiguos hasta el punto común de elevación. 2º) En las paredes divisorias de los jardines o corrales sitos en poblado o en el campo. 3º) En las cercas, vallados y setos vivos que dividen los predios rústicos. La medianería también se aplica a las zanjas existentes entre dos predios. Las disputas vienen sobre todo cuando los dueños medianeros tienen que interpretar el artículo 575, que se refiere a su mantenimiento y reparaciones.

La preservación de la intimidad lleva con frecuencia a los dueños de viviendas o parcelas a rescatar sus derechos de este título del Código Civil. Hablamos de la servidumbre de luces y vistas. El artículo 580 dispone que Ningún medianero puede sin consentimiento del otro abrir en pared medianera ventana ni hueco alguno. El artículo 581  dice: El dueño de una pared no medianera, contigua a finca ajena, puede abrir en ella ventanas o huecos para recibir luces a la altura de las carreras, o inmediatos a los techos, y de las dimensiones de 30 centímetros en cuadro, y, en todo caso, con reja de hierro remetida en la pared y con red de alambre. Y el artículo 582 dispone que No se puede abrir ventanas con vistas rectas, ni balcones u otros voladizos semejantes sobre la finca del vecino, si no hay dos metros de distancia entre la pared en que se construyan y dicha propiedad. Tampoco pueden tenerse vistas de costado u oblicuas sobre la misma propiedad, si no hay 60 centímetros de distancia. Es evidente que el concepto decimonónico de la intimidad, y por tanto de las distancias, es muy diferente al actual, pero estos artículos siguen teniendo plena vigencia.

Por último, los artículos 586 a 588 se refieren a las servidumbres de desagüe de edificios o de corrales. Terminan los artículos 589 a 593 estableciendo algunas limitaciones y prohibiciones que siguen de plena actualidad hoy día. Así, Nadie podrá construir cerca de una pared ajena o medianera pozos, cloacas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos, depósitos de materias corrosivas, artefactos que se muevan por el vapor, o fábricas que por sí mismas o por sus productos sean peligrosas o nocivas, sin guardar las distancias prescritas por los reglamentos y usos del lugar, y sin ejecutar las obras de resguardo necesarias, con sujeción, en el modo, a las condiciones que los mismos reglamentos prescriban.

¡Socorro, el árbol del vecino me amenaza!

No pocas consultas nos llegan al despacho en relación con los árboles. Es bastante claro y conciso el texto legal en este aspecto: No se podrá plantar árboles cerca de una heredad ajena sino a la distancia autorizada por las ordenanzas o la costumbre del lugar, y en su defecto, a la de dos metros de la línea divisoria de las heredades si la plantación se hace de árboles altos, y a la de 50 centímetros si la plantación es de arbustos o árboles bajos. Todo propietario tiene derecho a pedir que se arranquen los árboles que en adelante se plantaren a menor distancia de su heredad. Si las ramas de algunos árboles se extendieren sobre una heredad, jardines o patios vecinos, tendrá el dueño de éstos derecho a reclamar que se corten en cuanto se extiendan sobre su propiedad, y si fueren las raíces de los árboles vecinos las que se extendiesen en suelo de otro, el dueño del suelo en que se introduzcan podrá cortarlas por sí mismo dentro de su heredad.

¿Servidumbre de paso digital?

En resumen, la figura jurídica de la servidumbre hunde sus raíces en la Historia Antigua, pero sigue estando de plena actualidad. Y no puede ser de otra forma porque desde el Neolítico vivimos en sociedades cada vez más complejas en las que el derecho de propiedad ha de conciliarse con el interés público y la convivencia con los demás. Pero en la sociedad actual de la globalización, de las tecnologías de la información y la comunicación, del consumo masivo, tal vez se van echando en falta nuevas formas de servidumbre que defiendan el interés público y permitan garantizar derechos individuales, frente a actuaciones monopolísticas, de dominio del mercado o de acceso a la información. Este es el reto de los legisladores.

¿Ha reconocido usted en alguna de las servidumbres de este artículo algún caso conocido? Seguro que sí.

De Juan & Asociados. Departamento de Derecho Civil.

CUÁNTO TRIBUTAN LOS PREMIOS DE LA LOTERIA DE NAVIDAD

Los premios de la Lotería de Navidad comenzaron a pagar impuestos a partir del año 2.013. El Gobierno está aplicando un gravamen del 20% sobre todos los premios superiores a 2.500€, comenzándose a aplicar este porcentaje a partir de la cantidad que exceden esos 2.500; por ejemplo, un premio de 10.000€ tendrán un parte exenta de tributar de 2.500€, teniéndose que aplicar el 20% a los 7.500€ restantes, es decir, 1.500€.

La exención de 2.500€ es por boleto premiado, no por persona. Por ejemplo, el tratamiento fiscal de un boleto de 20.000€ entre 4 personas sería el siguiente: 20.000 le restamos la parte exenta, quedando 17.500 para tributar al 20%, o sea, 3.500, que se queda el Estado (875€ de impuestos por cada uno de los 4 premiados)

Cierto es que Hacienda, por la seguridad de cobrar, ya retiene ese 20% al efectuar el pago, por lo que el contribuyente no se tiene que preocupar de pagar esa cantidad; es la entidad pagadora quién se encargará de liquidar el impuesto a través del modelo 230.

Es importante recalcar que si el premio es compartido, deben ir todas las personas agraciadas a cobrarlo, puesto que si lo cobra una sola a efectos legales es esa persona la única premiada, y por tanto tributará ella sola. En muchas ocasiones, lo cobra una sola persona, y posteriormente da parte de ese premio a terceros, pues bien, hay que tener mucho cuidado con este tipo de “donaciones”, ya que precisamente como tal se tratará y se deberá tributar por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, impuesto que lo paga quién lo recibe, y posee un gravamen diferente, dependiendo de la Comunidad Autónoma.

Por último, cabría resaltar que si el premiado es una entidad con personalidad jurídica, el impuesto a pagar es el “hermano mayor” del IRPF, que es el Impuesto de Sociedades, por supuesto, descontándose la parte exenta.

Patricia Penella Salas. Área fiscal.

Cómo acceder al Bono Social de la luz

El bono social es un sistema por el cual muchos consumidores de luz se pueden aplicar un descuento bastante considerable. Como es lógico, existen ciertos requisitos a cumplir para poder aplicarse ese descuento en la factura de la luz.

En primer lugar, se debe tener una potencia contratada igual o inferior a 10kW y estar acogido a la facturación regulada (PVPC), y no en mercado libre; si no es así, se pueden requerir ambas condiciones en la misma solicitud del bono social, sin ningún tipo de coste adicional.

Seguidamente, este descuento sólo podrá ser aplicable a viviendas habituales del consumidor, no en segundas viviendas, locales etc.

Una vez cumplidos estos dos requisitos básicos, se pasaría a diferenciar dos grupos de consumidores: consumidores vulnerables (descuento del 25%) y consumidores vulnerables severos (descuento del 40%). En el primer grupo se debe cumplir alguno de los siguientes requisitos:

  1. Tener una renta individual (en caso de un solo adulto en el hogar) o familiar que no supere los 11.280 euros anuales en el caso de hogares sin niños (1,5 veces el IPREM), unos 15.000 para las familias con un menor (2 veces el IPREM) o unos 19.000 euros anuales si hay dos menores en el hogar (2,5 veces). Estos umbrales suben en el caso de discapacidad, víctimas de violencia de género o del terrorismo.
  2. Familias numerosas (independientemente de sus ingresos) o pensionistas con pensión mínima de jubilación, incapacidad permanente o viudedad.

En el segundo grupo se deben cumplir alguno de las siguientes condiciones:

  1. No se deben superar los 5.640 euros anuales en el caso de casas sin niños, 7.500 en hogares con un menor o unos 9.500 en el caso de familias con dos menores.
  1. Tener una renta inferior al IPREM en 14 pagas, unos 7.530 euros.
  2. En el caso de familias numerosas, que su renta sea menor a unos 15.000 euros anuales.

Si, finalmente, se consigue acceder al bono social se debe renovar cada 2 años, y en el caso de las familias numerosas, en el momento en que se deje de tener esa condición.

La solicitud de bono social se puede encontrar en la página web de las comercializadoras eléctricas, en la que indican, a su vez, qué documentos se han de entregar junto con dicha solicitud.

Pero ¡ojo! Si has perdido el derecho a tener Bono Social estás obligado a comunicarlo. El castigo por no hacerlo es que recalculen tus facturas con una penalización del 10% sobre la tarifa PVPC.

Patricia Penella

Área fiscal

ME HAN DEVUELTO LA CLÁUSULA SUELO. ¿TENGO QUE PAGAR A HACIENDA?

          Ante la oleada de demandas interpuestas en relación a la cláusula suelo y el grave colapso que esto ha provocado en la justicia, el pasado día 1 de junio, el CGPJ aprobó la especialización de 54 juzgados para conocer de los litigios originados por cláusulas suelo y otros relacionados . Si bien es una buena medida para hacer frente al previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias, sigue siendo un número bastante pequeño para la demanda de los ciudadanos.

           En diciembre del pasado año, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea determinó que no se podía limitar temporalmente la devolución de los intereses cobrados de más si estaban originados por una cláusula abusiva, como es la de la limitación del interés mínimo, ya que hasta ese momento solamente se estaba obligando a declarar nulas dichas cláusulas, y a devolver los intereses cobrados de más desde mayo de 2013 (fecha en la que resolvió el Tribunal Supremo la devolución de la cláusula suelo).

 

 

Desde el esperadísimo Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo y otras, ha habido muchos perjudicados que han obtenido la nulidad de la citada cláusula y por consiguiente el abono de los importes cobrados de más por aplicación de la misma de manera extrajudicial, pero también hay otras muchas personas que siguen luchando, con procesos largos y costosos.

 

 

Bien, si eres uno de los afortunados que ha cobrado ya la devolución de la cláusula suelo,  te debes plantear cómo tributar por esos “ingresos” que has obtenido. Para ello, debemos estudiar cada caso de manera un poco más específica:

  • Si aplicaste la deducción por vivienda habitual de cantidades que ahora te están devolviendo, deberás declarar en el IRPF ese importe deducido en su momento.
  • Si la cantidad que te tienen que devolver en concepto de cláusula suelo, se destina a amortizar parte del préstamo hipotecario, no habría que declarar ningún ingreso.
  • Si los intereses cobrados de más se han utilizado como gasto deducible de rendimientos de capital inmobiliario (alquileres) o rendimiento de actividades económicas, se deberá hacer una declaración complementaria de cada uno de esos años.
  • En cualquier otro caso distinto de los anteriores, no hay que declarar ninguna cantidad.

       Los intereses indemnizatorios que pagan las entidades financieras como compensación de cobro indebido por la aplicación de la cláusula suelo, no es obligatorio  incluirlos en la declaración de la renta.  Sin embargo, si en la sentencia relativa al procedimiento de nulidad de cláusula suelo y reclamación del cobro indebido de intereses, hubiera una condena en “costas judiciales” a la entidad bancaria, éstas sí debe incluirse como ganancia patrimonial.

 

 

Patricia Penella Salas

Área fiscal

 

Nueva Ley de Autónomos: una reforma necesaria.

Es bien sabida la importancia de los trabajadores autónomos para el conjunto de la economía española. Actualmente hay nada menos que 3.250.000 trabajadores por cuenta propia, muchos de los cuales emplean a su vez a otros trabajadores, de forma que uno de cada 4 empleos es autónomo o está empleado de éste (unos 4.500.000 en todo el Estado). En los últimos años se han hecho tímidas reformas para mejorar la protección social y laboral de estos trabajadores, que siempre han reivindicado su equiparación con los empleados por cuenta ajena. Por fin, consciente el legislador de su papel fundamental en la economía, se ha dado un claro impulso con la reciente Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.

¿Qué mejoras introduce la nueva ley? Aunque han quedado fuera antiguas reivindicaciones como la equiparación de pensiones con los empleados por cuenta ajena, cotizar por los ingresos reales o que haya un mínimo exento sin tener que cotizar cuando se ingresa menos del salario mínimo, las mejoras son muchas:

  • Se amplía la tarifa plana de 50 euros en la cotización mensual a la Seguridad Social hasta un año, tanto para los nuevos autónomos como para los que no lo hayan sido en los últimos 2 años.

 

  • Se amplía la bonificación de la tarifa plana hasta los 24 meses. Finalizado el primer año, se bonifica al 50% seis meses más y al 30% los siguientes seis meses.

 

  • Si una persona quiere emprender de nuevo una actividad y han pasado tres años desde que disfrutó de la tarifa plana, podrá volver a beneficiarse de ella.

 

  • Los autónomos pueden darse de alta y de baja en la Seguridad Social hasta tres veces en el mismo año.

 

  • En función de sus ingresos, podrán cambiar hasta cuatro veces su base de cotización en un año. A partir de Enero de 2018, solo pagarán desde el día efectivo en el que se cause alta o baja, en lugar del mes completo.
  • Las trabajadoras que emprendan un negocio antes de los dos años desde que cesara su actividad por maternidad, adopción, acogimiento, etc., podrán beneficiarse de la tarifa plana de 50 euros.

 

  • Los autónomos podrán cobrar el 100% de la pensión de jubilación y seguir trabajando si tienen, al menos, un empleado.

 

  • El exceso de cotización en caso de pluriactividad se devolverá sin que haya que solicitarlo.

 

  • Los autónomos que trabajen desde su casa, podrán deducirse el 30% de los gastos de suministros, como agua, luz o telefonía.

 

  • También podrá deducirse hasta 26,67 euros diarios en el IRPF por gasto en comida, dentro del territorio nacional, o 48,00 euros en el extranjero.

 

  • Los recargos por retrasos en los pagos a la Seguridad Social se reducen del 20% al 10% en el primer mes, y después a la mitad.

 

  • Los autónomos al cuidado de menores o dependientes tendrán la exención del 100% de la cuota de autónomos durante un año.

 

  • Los autónomos de baja por maternidad, paternidad, adopción, etc., estarán exentos de pagar la cuota durante el periodo de la baja.

 

  • Se facilita la contratación de hijos discapacitados de los autónomos.
  • Aquellos trabajadores por cuenta propia que contraten de manera indefinida a de su cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad hasta el segundo grado inclusive, podrán bonificarse el 100% de las contingencias comunes durante un año, siempre y cuando el contrato dure, al menos, seis meses, y el autónomo no haya despedido a otros trabajadores.

 

  • Se reconoce como “in itinere”el accidente que se produzca en la ida o en la vuelta al lugar de trabajo del autónomo, siempre que no coincida con el propio domicilio.

 

De Juan & Asociados. Departamento laboral.