A VUELTAS CON EL “IMPUESTO DE LAS HIPOTECAS”

Conceptos jurídicos y tributarios, que normalmente se manejan entre abogados, economistas y notarios, algunas veces descienden al conocimiento popular con motivo de debates políticos o sentencias polémicas. Es lo que ha ocurrido con el mal llamado “impuesto de las hipotecas”. Llevamos muchos años contratando hipotecas con los bancos, y la gran mayoría de los ciudadanos asumíamos que no tenemos más remedio que pagar “una serie de gastos” al banco, al notario al registro, etc.

Las hipotecas, por sí mismas, no pagan ningún impuesto. Ya pagamos el IVA o el impuesto de transmisiones por la compra de la vivienda. Al recibirse un préstamo con hipoteca, la operación, como acto jurídico, ha de documentarse en una escritura ante notario e inscribirse en el Registro de la propiedad. Esto ocurre no solo con las hipotecas, sino con muchas otras operaciones que se realizan habitualmente, como la constitución de derechos reales, préstamos, fianzas, arrendamientos, pensiones y concesiones administrativas, o la formalización de gran variedad de documentos notariales, mercantiles o administrativos.

¿Cuánto se paga por este impuesto?

La ley (Real Decreto Legislativo 1/1993) establece varios porcentajes, según el acto de que se trate. Para las hipotecas es el 1%, pero las comunidades autónomas, que son los beneficiarios de este tributo, pueden recargarla, hasta alcanzar el 1,5%. Normalmente es el 1%, y puede no parecer mucho, pero es que este porcentaje no se aplica solo sobre el capital prestado por el banco, sino que hay que añadir a esa cantidad otros conceptos, como los intereses ordinarios, los de demora, las costas por si hay que ejecutar la hipoteca por impago, y otros gastos. Así, una hipoteca de 110.000 euros de capital se convierte a efectos de este impuesto en unos 190.000 euros, por lo que se pagarán 1.900 euros.

¿Por qué la polémica?

Desde 1993, el sujeto pasivo y obligado al pago es quien recibe el préstamo hipotecario, según la Ley (art. 8) y el Reglamento (art. 68) de este impuesto, pero en Diciembre de 2015 el Tribunal Supremo, influido por la corriente social y política, crítica con las cláusulas abusivas de los bancos, dictó una resolución que “interpretaba” ambas normas a favor de quien recibe el préstamo. Aunque seguía figurando como sujeto pasivo del impuesto, consideraba que el obligado al pago ha de ser el banco, que es quien en realidad se beneficia de que la hipoteca se escriture y se inscriba.

La contradicción entre la norma y el criterio cambiante del Supremo, que había llegado a anular el párrafo del reglamento que exoneraba a los bancos, la “alarma social” y la trascendencia que uno u otro criterio pudiera tener en la economía general, ha obligado al tribunal a fijar doctrina definitiva el pasado 06-11-2018.

 

En una sesión muy controvertida, y por escaso margen (7 miembros contra 5), el Supremo ha fallado que el impuesto lo paga quien recibe el préstamo, porque así lo dice la Ley y el Reglamento, y hasta que no se cambien las normas por el legislador, esta situación no se puede cambiar. La nueva doctrina no ha sentado nada bien a amplios sectores sociales y políticos, y ha deteriorado la confianza en nuestro máximo órgano judicial, tanto por su criterio cambiante como porque los conceptos jurídicos que han tenido en cuenta, perfectamente legítimos, no se entienden bien por el común de los ciudadanos.

La reacción del actual gobierno ha sido la inmediata modificación de la Ley y el Reglamento, por Decreto, y por tanto en todas las hipotecas que se contraten a partir del día 12-11-2018 el impuesto lo paga el banco. Está por ver lo que digan los tribunales europeos, ante los que se ha recurrido el fallo del Tribunal Supremo, pues está en juego, no ya que los bancos paguen el impuesto a partir de ahora, sino que puedan verse obligados a pagarlo, con efecto retroactivo, en todas las hipotecas formalizadas desde hace años.

 

 

De Juan & Asociados. Departamento de Derecho Civil

 

 

 

ME HAN DEVUELTO LA CLÁUSULA SUELO. ¿TENGO QUE PAGAR A HACIENDA?

          Ante la oleada de demandas interpuestas en relación a la cláusula suelo y el grave colapso que esto ha provocado en la justicia, el pasado día 1 de junio, el CGPJ aprobó la especialización de 54 juzgados para conocer de los litigios originados por cláusulas suelo y otros relacionados . Si bien es una buena medida para hacer frente al previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias, sigue siendo un número bastante pequeño para la demanda de los ciudadanos.

           En diciembre del pasado año, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea determinó que no se podía limitar temporalmente la devolución de los intereses cobrados de más si estaban originados por una cláusula abusiva, como es la de la limitación del interés mínimo, ya que hasta ese momento solamente se estaba obligando a declarar nulas dichas cláusulas, y a devolver los intereses cobrados de más desde mayo de 2013 (fecha en la que resolvió el Tribunal Supremo la devolución de la cláusula suelo).

 

 

Desde el esperadísimo Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo y otras, ha habido muchos perjudicados que han obtenido la nulidad de la citada cláusula y por consiguiente el abono de los importes cobrados de más por aplicación de la misma de manera extrajudicial, pero también hay otras muchas personas que siguen luchando, con procesos largos y costosos.

 

 

Bien, si eres uno de los afortunados que ha cobrado ya la devolución de la cláusula suelo,  te debes plantear cómo tributar por esos “ingresos” que has obtenido. Para ello, debemos estudiar cada caso de manera un poco más específica:

  • Si aplicaste la deducción por vivienda habitual de cantidades que ahora te están devolviendo, deberás declarar en el IRPF ese importe deducido en su momento.
  • Si la cantidad que te tienen que devolver en concepto de cláusula suelo, se destina a amortizar parte del préstamo hipotecario, no habría que declarar ningún ingreso.
  • Si los intereses cobrados de más se han utilizado como gasto deducible de rendimientos de capital inmobiliario (alquileres) o rendimiento de actividades económicas, se deberá hacer una declaración complementaria de cada uno de esos años.
  • En cualquier otro caso distinto de los anteriores, no hay que declarar ninguna cantidad.

       Los intereses indemnizatorios que pagan las entidades financieras como compensación de cobro indebido por la aplicación de la cláusula suelo, no es obligatorio  incluirlos en la declaración de la renta.  Sin embargo, si en la sentencia relativa al procedimiento de nulidad de cláusula suelo y reclamación del cobro indebido de intereses, hubiera una condena en “costas judiciales” a la entidad bancaria, éstas sí debe incluirse como ganancia patrimonial.

 

 

Patricia Penella Salas

Área fiscal