Servicio doméstico: necesario e invisible

Según el Instituto Nacional de Estadística, hay en España 420.000 personas dadas de alta en el Régimen Especial de Empleados del Hogar. Los esfuerzos del legislador para “hacer visible” y dar mejor cobertura a este sector esencial de nuestro bienestar social no han conseguido su objetivo, por diversas razones, ya que según la última Encuesta de Población Activa hay en realidad 637.000 personas ocupadas en el empleo doméstico, y según la Organización Internacional del Trabajo, la cifra alcanza los 747.000 trabajadores. Nuestro país ocupa el primer puesto de Europa, seguida de Francia e Italia.

No es casual que los tres países gocen de una elevada calidad de vida, en comparación con otros, y en buena parte es gracias al empleo doméstico. Hace décadas era un lujo que solo se podían permitir las familias más adineradas, pero hoy día es una necesidad para gran parte de los hogares. Antiguamente, predominaba la figura de la “interna” entre aquellas familias que se lo podían permitir, pero actualmente es mayoritario el empleo a tiempo parcial, unas horas a la semana, tiempo suficiente, y a la vez imprescindible, para muchos hogares.

Pero, ¿Qué es el servicio doméstico?

En primer lugar, es casi totalmente femenino (90% de mujeres), como lo ha sido históricamente. En segundo lugar, según el ministerio de Empleo, abarca diversas actividades, como las tareas domésticas, el cuidado o atención de los miembros de la familia, guardería, jardinería, o conducción de vehículos.

¿Por qué hay tanta diferencia entre el empleo oficial y el empleo real?

El trabajo en el hogar ha sido siempre proclive a la economía sumergida, por varias razones. La primera de todas es la dificultad de control por los servicios de inspección, ya que se desarrolla de puertas adentro de los domicilios. Otras causas son de índole económica, tanto por parte del empleador (evitar pagar las cotizaciones sociales), como de la empleada (ya es beneficiaria de prestaciones o subsidios por desempleo, viudedad, invalidez, etc.). Finalmente, otras causas son de índole legal (la mayoría de las empleadas del hogar son actualmente extranjeras, muchas de ellas sin permiso de trabajo).

¿Cuál es actualmente el régimen legal del trabajo doméstico?

Se recoge esencialmente en el Real Decreto 1620/2011 y Real Decreto-ley 29/2012. Desde 2012 no existe la figura de la “empleada de hogar autónoma”. Ambos decretos han establecido un nuevo régimen por el que paulatinamente se están integrando en igualdad de condiciones, y con las mismas prestaciones (desempleo, incapacidad, maternidad, etc.), en el régimen general de la Seguridad Social.

Básicamente, si una empleada del hogar trabaja más de 60 horas mensuales para un empleador, es éste el obligado a cursar el alta de la trabajadora y efectuar las cotizaciones. Desde el 01 de Enero de 2016, los empleados de hogar que presten servicios durante un tiempo inferior a 60 horas mensuales por hogar familiar podrán formular directamente su afiliación, altas, bajas y variaciones de datos, siempre y cuando lo acuerden con el empleador, quien, en todo caso, deberá firmar la documentación necesaria para formalizar dichos trámites. Sin embargo, el empleador será responsable subsidiario en caso de que la empleada no ingrese las cotizaciones, y este es otro motivo más que desanima a muchos a contratar.

En este folleto editado por el Ministerio de Empleo puede encontrar toda la información básica, actualizada a 2018, si tiene intención de contratar o ser contratada. También puede hacernos llegar sus dudas o consultas a través de la sección de contacto.

 

De Juan & Asociados. Departamento laboral.

 

Cómo acceder al Bono Social de la luz

El bono social es un sistema por el cual muchos consumidores de luz se pueden aplicar un descuento bastante considerable. Como es lógico, existen ciertos requisitos a cumplir para poder aplicarse ese descuento en la factura de la luz.

En primer lugar, se debe tener una potencia contratada igual o inferior a 10kW y estar acogido a la facturación regulada (PVPC), y no en mercado libre; si no es así, se pueden requerir ambas condiciones en la misma solicitud del bono social, sin ningún tipo de coste adicional.

Seguidamente, este descuento sólo podrá ser aplicable a viviendas habituales del consumidor, no en segundas viviendas, locales etc.

Una vez cumplidos estos dos requisitos básicos, se pasaría a diferenciar dos grupos de consumidores: consumidores vulnerables (descuento del 25%) y consumidores vulnerables severos (descuento del 40%). En el primer grupo se debe cumplir alguno de los siguientes requisitos:

  1. Tener una renta individual (en caso de un solo adulto en el hogar) o familiar que no supere los 11.280 euros anuales en el caso de hogares sin niños (1,5 veces el IPREM), unos 15.000 para las familias con un menor (2 veces el IPREM) o unos 19.000 euros anuales si hay dos menores en el hogar (2,5 veces). Estos umbrales suben en el caso de discapacidad, víctimas de violencia de género o del terrorismo.
  2. Familias numerosas (independientemente de sus ingresos) o pensionistas con pensión mínima de jubilación, incapacidad permanente o viudedad.

En el segundo grupo se deben cumplir alguno de las siguientes condiciones:

  1. No se deben superar los 5.640 euros anuales en el caso de casas sin niños, 7.500 en hogares con un menor o unos 9.500 en el caso de familias con dos menores.
  1. Tener una renta inferior al IPREM en 14 pagas, unos 7.530 euros.
  2. En el caso de familias numerosas, que su renta sea menor a unos 15.000 euros anuales.

Si, finalmente, se consigue acceder al bono social se debe renovar cada 2 años, y en el caso de las familias numerosas, en el momento en que se deje de tener esa condición.

La solicitud de bono social se puede encontrar en la página web de las comercializadoras eléctricas, en la que indican, a su vez, qué documentos se han de entregar junto con dicha solicitud.

Pero ¡ojo! Si has perdido el derecho a tener Bono Social estás obligado a comunicarlo. El castigo por no hacerlo es que recalculen tus facturas con una penalización del 10% sobre la tarifa PVPC.

Patricia Penella

Área fiscal

Nueva Ley de Autónomos: una reforma necesaria.

Es bien sabida la importancia de los trabajadores autónomos para el conjunto de la economía española. Actualmente hay nada menos que 3.250.000 trabajadores por cuenta propia, muchos de los cuales emplean a su vez a otros trabajadores, de forma que uno de cada 4 empleos es autónomo o está empleado de éste (unos 4.500.000 en todo el Estado). En los últimos años se han hecho tímidas reformas para mejorar la protección social y laboral de estos trabajadores, que siempre han reivindicado su equiparación con los empleados por cuenta ajena. Por fin, consciente el legislador de su papel fundamental en la economía, se ha dado un claro impulso con la reciente Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.

¿Qué mejoras introduce la nueva ley? Aunque han quedado fuera antiguas reivindicaciones como la equiparación de pensiones con los empleados por cuenta ajena, cotizar por los ingresos reales o que haya un mínimo exento sin tener que cotizar cuando se ingresa menos del salario mínimo, las mejoras son muchas:

  • Se amplía la tarifa plana de 50 euros en la cotización mensual a la Seguridad Social hasta un año, tanto para los nuevos autónomos como para los que no lo hayan sido en los últimos 2 años.

 

  • Se amplía la bonificación de la tarifa plana hasta los 24 meses. Finalizado el primer año, se bonifica al 50% seis meses más y al 30% los siguientes seis meses.

 

  • Si una persona quiere emprender de nuevo una actividad y han pasado tres años desde que disfrutó de la tarifa plana, podrá volver a beneficiarse de ella.

 

  • Los autónomos pueden darse de alta y de baja en la Seguridad Social hasta tres veces en el mismo año.

 

  • En función de sus ingresos, podrán cambiar hasta cuatro veces su base de cotización en un año. A partir de Enero de 2018, solo pagarán desde el día efectivo en el que se cause alta o baja, en lugar del mes completo.
  • Las trabajadoras que emprendan un negocio antes de los dos años desde que cesara su actividad por maternidad, adopción, acogimiento, etc., podrán beneficiarse de la tarifa plana de 50 euros.

 

  • Los autónomos podrán cobrar el 100% de la pensión de jubilación y seguir trabajando si tienen, al menos, un empleado.

 

  • El exceso de cotización en caso de pluriactividad se devolverá sin que haya que solicitarlo.

 

  • Los autónomos que trabajen desde su casa, podrán deducirse el 30% de los gastos de suministros, como agua, luz o telefonía.

 

  • También podrá deducirse hasta 26,67 euros diarios en el IRPF por gasto en comida, dentro del territorio nacional, o 48,00 euros en el extranjero.

 

  • Los recargos por retrasos en los pagos a la Seguridad Social se reducen del 20% al 10% en el primer mes, y después a la mitad.

 

  • Los autónomos al cuidado de menores o dependientes tendrán la exención del 100% de la cuota de autónomos durante un año.

 

  • Los autónomos de baja por maternidad, paternidad, adopción, etc., estarán exentos de pagar la cuota durante el periodo de la baja.

 

  • Se facilita la contratación de hijos discapacitados de los autónomos.
  • Aquellos trabajadores por cuenta propia que contraten de manera indefinida a de su cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad hasta el segundo grado inclusive, podrán bonificarse el 100% de las contingencias comunes durante un año, siempre y cuando el contrato dure, al menos, seis meses, y el autónomo no haya despedido a otros trabajadores.

 

  • Se reconoce como “in itinere”el accidente que se produzca en la ida o en la vuelta al lugar de trabajo del autónomo, siempre que no coincida con el propio domicilio.

 

De Juan & Asociados. Departamento laboral.

Comunidades y Administración: control creciente

Hace unos años, las comunidades de vecinos apenas tenían obligaciones frente a la administración. Les bastaba organizarse lo preciso para poder atender los gastos comunes y mantener el edificio en condiciones aceptables, sin tener que rendir cuentas a nadie. En las últimas tres décadas la sociedad ha cambiado mucho. Nuevas leyes y normas imponen cada vez más control y vigilancia sobre ciudadanos y empresas. Las comunidades, aunque más tarde, también han sido sometidas a estos cambios.

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AVERÍAS DE GAS EN COMUNIDADES. ¿QUIÉN PAGA?

La mayoría de los edificios disponen de suministro de gas proveniente de las redes de distribución públicas. Cada vecino puede contratar el servicio directamente con cualquiera de las empresas comercializadoras. Es cómodo y evita las molestias de las tradicionales “bombonas de butano”. El gas llega a cada vivienda, pero no todas tienen el servicio contratado. ¿Quién paga las averías de la instalación comunitaria?

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