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Nuevo paquete de medidas urgentes del gobierno: pymes, autónomos y desempleados

El día 22 de abril se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

El texto, de 59 páginas, consta de preámbulo, 5 capítulos, 26 artículos, 15 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, 13 disposiciones finales y un Anexo.

Este es el cuarto decreto del gobierno desde el inicio del Estado de Alarma por la pandemia del COVID-19, tras los de 14, 17 y 31 de marzo. En las entradas anteriores de este blog puede encontrar los resúmenes.

Desde mediados de marzo de 2020, la actividad normativa de las administraciones (gobierno, autonomías, ayuntamientos) está siendo muy intensa, y es fácil perderse entre tanta información. Vamos a resumir aquí lo más importante de este nuevo Real Decreto-ley. Puede acceder a su texto completo en este enlace.

Los alquileres de locales a pymes y autónomos

Desde el comienzo del Estado de Alarma, se ha legislado a favor de moratorias y facilidades en los alquileres de viviendas, pero nada se había establecido sobre los alquileres de locales comerciales, medidas que venían reivindicando pymes y autónomos cuya actividad ha cesado o se ha reducido drásticamente. En este sentido, el preámbulo de esta nueva norma recoge que “procede prever una regulación específica en línea con la cláusula «rebus sic stantibus», de elaboración jurisprudencial, que permite la modulación o modificación de las obligaciones contractuales si concurren los requisitos exigidos: imprevisibilidad e inevitabilidad del riesgo derivado, excesiva onerosidad de la prestación debida y buena fe contractual.”

¿Cuáles son las medidas?

Las pymes y autónomos tendrán derecho, y podrán solicitar hasta el 21 de mayo, la moratoria en el pago de la renta del local arrendado a empresas, entidades públicas o grandes tenedores (personas físicas o jurídicas con más de 10 locales arrendados, o más de 1500 m2 de superficie). La moratoria se extenderá a toda la duración del Estado de Alarma, y, si no fuera suficiente, hasta un máximo de 4 meses después. Se podrán pagar las rentas aplazadas hasta dos años después de terminar el Estado de Alarma o sus prórrogas.

En caso de que el propietario del local no sea gran tenedor, la pyme o el autónomo podrán también solicitarle una moratoria. Si no hay acuerdo, éstos podrán aplicar la fianza del contrato al pago de mensualidades. En este caso la fianza hay que reponerla en plazo de un año, o en el que quede para que venza el contrato, si es menos de un año.

Esta medida va a beneficiar a más de 222.000 inmuebles alquilados de uso comercial, ocio, hostelería y turismo.

Requisitos

Para los autónomos, que se haya decretado el cese de su actividad por el  Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo o su facturación del mes anterior a la solicitud se haya reducido el 75% respecto a la facturación media del trimestre correspondiente del año anterior

Para las pymes, además de los dos requisitos anteriores, que tengan una cifra de negocios inferior a 8 millones de euros y menos de 50 trabajadores.

Financiación de las empresas y autónomos

Para facilitar la liquidez de las empresas, se conceden aplazamientos de las cuotas de los préstamos concedidos en el marco de sus programas de subvenciones o ayudas reembolsables, se habilita al Consorcio de Compensación de Seguros para que desarrolle actividades de reaseguro de crédito y de caución a partir de 2020 y se amplía la línea de avales. Todo ello debe permitir que las empresas y autónomos continúen abonando los salarios de sus empleados, puedan adelantar el cobro de sus facturas, a través de figuras como el factoring, o anticipar el pago de facturas a sus proveedores, a través de modalidades como el confirming.

Nuevas medidas fiscales

Se aplica IVA cero al material sanitario comprado por administraciones, centros sanitarios y sociales.

Se amplían las modalidades de fraccionamiento de pago del impuesto de sociedades, cumpliendo determinados requisitos.

Se facilita adaptar el régimen de declaraciones tributarias de los autónomos a la situación de falta de ingresos. Así, se puede renunciar al método de estimación objetiva en IRPF (módulos) y al régimen simplificado de IVA, pasando al método de estimación directa, pudiendo volver a dicho método en el ejercicio 2021. Los que continúen en estimación objetiva, podrán no computar los días correspondientes al Estado de Alarma en el cálculo de rendimientos en IRPF y régimen simplificado de IVA.

No se iniciarán periodos ejecutivos de cobro de deudas tributarias, si se ha solicitado financiación para su pago con arreglo al Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias por el Estado de Alarma.

Desempleo y planes de pensiones

La extinción de la relación laboral durante el período de prueba a instancia de la empresa, producida a partir del día 9 de marzo de 2020, tendrá la consideración de situación legal de desempleo con independencia de la causa por la que se hubiera extinguido la relación laboral anterior. Esto se extiende a trabajadores que hayan resuelto su contrato voluntariamente a partir del 1 de marzo, por tener oferta de trabajo de otra empresa, y ésta no lo haya podido contratar debido a la crisis de la pandemia.

A los trabajadores del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios que hayan trabajado un mínimo de 55 jornadas en 2019, se les reducen las cuotas de seguridad social de los meses de inactividad de 2020 en un 19,11%

También se detallan los requisitos y condiciones en las que se pueden hacer efectivos los planes de pensiones, tal como se recoge en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. Véase a este respecto nuestras anteriores entradas de blog.

Otras medidas económicas

Se podrán usar los fondos de Promoción y Educación de las Cooperativas como recurso financiero, para dotarlas de liquidez en caso de necesitarlo para su funcionamiento, restituyéndolo en plazo máximo de 10 años.

Se adoptan una serie de medidas para traspasar a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social la gestión de la prestación extraordinaria de cese de actividad.

También se adoptan otras medidas para sociedades laborales y participadas, actividad portuaria (tráficos mínimos, terminales de pasajeros, tasas de actividad y de buques, aplazamiento de deudas tributarias), tasas de ocupación de concesiones y autorizaciones de las administraciones.

Se habilita a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para que pueda prorrogar los plazos de presentación de los informes de supervisión, situación financiera, solvencia y estadístico-contable de las aseguradoras, así como las declaraciones estadístico-contables de agentes y corredores.

Se crea la nueva Fundación España Deporte Global, F.S.P. para la promoción, impulso y difusión del deporte federado, olímpico y paralímpico, así como la internacionalización del deporte español. Se trata de medidas para garantizar la sostenibilidad de las federaciones deportivas y de los programas de preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Se establecen ayudas con cargo a financiación de convocatorias públicas en el ámbito universitario para garantizar la continuidad de proyectos, incluyendo los relativos a las especialidades relacionadas con el ámbito sanitario.

Ampliación y suspensión de plazos

Se amplían, en general, los plazos establecidos en los decretos de alarma anteriores, hasta el 30 de mayo.

Se suspenden los plazos de duración de las actuaciones comprobatorias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Se detallan determinados aspectos de la integración del Régimen de pensiones de Clases Pasivas del Estado (funcionarios del Estado y transferidos, militares, ex presidentes, ministros, etc) en el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

¿Le afecta alguna de estas medidas? Si tiene alguna duda, consulte con los especialistas de De Juan & Asociados.

Nuevas medidas urgentes del gobierno: lo más importante

El martes, 31 de marzo, el gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 11/2020, publicado el 1 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Este es el tercer decreto aprobado, tras los de 14 de marzo (declaración del Estado de Alarma) y 17 de marzo (medidas sociales y laborales). El nuevo decreto tiene que ser convalidado en los próximos treinta días en el Congreso de los Diputados, por lo que tendrá que contar con el apoyo de una mayoría parlamentaria.

La finalidad de esta norma, junto a la anterior, es paliar los duros efectos económicos que el Estado de Alarma y confinamiento está teniendo en trabajadores y empresas. Solo en el mes de marzo se han destruido más de 830.000 empleos. Está aún por ver cómo obtiene el gobierno la financiación, y particularmente cuál va a ser el apoyo de la Unión Europea.

No obstante, si se cumplen todas las previsiones de la norma, las personas que han quedado desamparadas o en situación precaria por culpa de la crisis del coronavirus COVID-19, podrán sortear la coyuntura mientras dure la pandemia y la parálisis económica.

Vayamos al grano

El texto del BOE tiene nada menos que 88 páginas, en las que se contienen 54 artículos, 22 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias y 13 disposiciones finales. Demasiada información para el ciudadano normal, que solo quiere conocer en qué le pueden beneficiar las medidas. Recogemos aquí lo más esencial.

¿Cuáles son las medidas más importantes?

Esencialmente, el capítulo 1 se destina a los consumidores, a las familias y a los colectivos más
vulnerables, incluyendo los autónomos y pequeñas empresas; el capítulo 2 se destina a sostener la actividad económica de las empresas; y el capítulo 3 se dirige al sector público, facilitando y flexibilizando procedimientos.

Consumidores, familias, parados, autónomos y pequeñas empresas

Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos.

Cuando se levante el Estado de Alarma, los arrendatarios incursos en procedimiento de desahucio pueden solicitar al juzgado que se suspendan los plazos por vulnerabilidad social o económica causada por la pandemia. El juzgado decidirá por cuánto tiempo.

Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual

Si el contrato vence hasta dos meses después de que finalice el Estado de Alarma, el inquilino podrá pedir una prórroga de seis meses.

Moratoria de deuda arrendaticia

Los grandes propietarios (empresas privadas o públicas, o particulares que tengan más de diez viviendas) tendrán que, bien reducir el 50% la renta mientras dure el Estado de Alarma, y cuatro meses más, si se acredita vulnerabilidad por la crisis de la pandemia; o bien conceder una moratoria en el pago, por el mismo periodo, pudiendo el inquilino pagar las rentas aplazadas durante los tres años posteriores, sin intereses.

¿Qué se entiende por vulnerabilidad? Requisitos

  • Que el inquilino esté desempleado, en ERTE, o si es empresario o autónomo, sus ingresos hayan
    descendido
    , de forma, en los tres casos, que los de la unidad familiar en el mes anterior a la solicitud de moratoria, sean inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM). Es decir, a 1.613,52 euros brutos al mes, cantidad que puede llegar hasta los 2.097,57 euros, en función del número
    de hijos, 1.855,54 para familias monoparentales, o hasta 2.689,20 euros en caso de gran discapacidad.
  • Que la renta más los gastos básicos (luz, agua, gas o gasóleo, teléfono y comunidad) sea más del 35% de los ingresos totales de la unidad familiar.
  • Que el inquilino no tenga en propiedad o usufructo ninguna vivienda, salvo parcialmente por herencia, salvo que sea titular separado o divorciado que no pueda usarla, o que no pueda usarla por no estar adaptada, si es el caso, a discapacidad suya o de otro miembro de la unidad familiar.

¿Cómo se acredita?

El inquilino tiene que presentar al arrendador (grandes propietarios) los siguientes documentos:

  • Si está en desempleo, certificado del INEM o entidad autonómica de empleo en el que conste la cuantía mensual que percibe.
  • Si es autónomo que ha tenido que cesar la actividad, certificado de Hacienda (AEAT) o el competente de su comunidad autónoma.
  • Libro de familia o documento de pareja de hecho.
  • Certificado de empadronamiento.
  • En su caso, declaración de discapacidad, dependencia o incapacidad permanente.
  • Nota simple del registro de la propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.
  • Declaración responsable de que cumple todos los requisitos.

Si no puede aportar algunos de los documentos puede sustituirlo por una declaración responsable de que cumple el requisito concreto y tendrá que aportarlo en plazo de un mes desde que finalice el Estado de Alarma.

Si el inquilino se aprovecha de las ayudas sin cumplir los requisitos, será responsable por los daños y perjuicios causados, como mínimo en la cuantía en que se haya beneficiado.

¿Y si el arrendador no es empresa y no tiene más de diez viviendas arrendadas?

En tal caso el inquilino le puede solicitar, hasta el 30 de abril, un aplazamiento temporal en el pago de la renta. El arrendador tendrá que contestar en plazo de 7 días si lo acepta o no, o si propone otra alternativa. El arrendador no está obligado. En caso de que no lo acepte, el inquilino puede acceder a las ayudas que recoge el Real Decreto-ley.

Entonces, ¿cuáles son las ayudas del gobierno a los inquilinos?

Hay que tener claro que, en un primer momento, el gobierno no va a dar dinero a los inquilinos con derecho a quita o aplazamiento. Lo que va a hacer es avalar frente a los bancos los préstamos que pueden pedir para pagar el alquiler. Les llama “ayudas transitorias de financiación”. El inquilino en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir un préstamo para pagar la renta de hasta seis mensualidades
, a devolver en seis años, sin intereses ni gastos, prorrogables excepcionalmente por otros cuatro más.

Solo para el caso de que el inquilino no pueda hacer frente a la devolución de estos préstamos, el gobierno ha establecido el llamado “Nuevo programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual”, Es decir, primero tiene que pedir el préstamo, y solo si tiene dificultad o no puede pagarlo, por continuar en situación de vulnerabilidad, podrá pedir las ayudas directas. Estas, sí, serán propiamente ayudas sin reembolso, de hasta 900 euros al mes. Las comunidades autónomas decidirán las cuantías exactas.

Otras situaciones especiales

El Real Decreto-ley establece además el llamado “Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables”. Para estas personas se establecen ayudas para darles una “solución habitacional”.

Moratoria de deuda hipotecaria.

El Real Decreto-ley concreta las condiciones exigidas para beneficiarse de la moratoria hipotecaria, ya recogida en el anterior Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. Puede ver lo más importante en esta entrada.

¿Y los préstamos no hipotecarios?

Para los préstamos al consumo (financiación de vehículos, préstamos personales, financiación de compras), se prevé que las personas en situación de vulnerabilidad, cumpliendo los mismos requisitos que para las hipotecas, tienen derecho a pedir la suspensión de los pagos por tres meses, que podrá ampliar el Consejo de Ministros. La solicitud podrá hacerla hasta un mes después de levantarse el Estado de Alarma. El banco o financiera, acreditados los requisitos, suspenderá el cobro automáticamente, sin que se devenguen nuevos intereses.

El bono social, también para los autónomos

En el artículo 28, el nuevo Real Decreto-ley otorga a los trabajadores autónomos las mismas ventajas que a los trabajadores o desempleados por cuenta ajena, para el “bono social de la luz”. Considera “consumidor vulnerable” a los autónomos que se hayan visto obligados al cese total de su actividad, o la reducción del 75% de la facturación. Ello supone una reducción del 25%, o hasta el 40% en casos severos, en el precio de la electricidad doméstica, mientras dure su situación de vulnerabilidad.

No se podrá cortar el agua, la luz o el gas por impago

Esta medida es para todos los consumidores, no solo los vulnerables. Simplemente hay que acreditar ante la empresa suministradora, por cualquier medio documental, que se trata de la vivienda habitual.

Ayudas a las empleadas y empleados de hogar

Si, como medida de prevención contra la epidemia, una empleada/o de hogar ha dejado de acudir temporalmente a la/s viviendas, o bien se ha extinguido su contrato por despido o desistimiento del empleador durante el estado de alarma, tendrá derecho a un subsidio extraordinario. Este subsidio será el 70% de la base reguladora del sueldo que estuviera cobrando, aplicable íntegramente, si ha dejado de trabajar completamente, o proporcionalmente, si ha dejado de trabajar parcialmente.

Esto se aplicará, tanto si trabaja para una sola casa, como si trabaja en varias. Para acceder al subsidio, hay que presentar declaración responsable de los empleadores, carta de despido, desistimiento del empleador o baja en el régimen especial de empleados del hogar de la Seguridad Social.

Lamentablemente, quedarán fuera de estas ayudas las empleadas del hogar que trabajan sin estar dadas de alta, que son muchas. Véase al respecto nuestra entrada de blog.

Subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal

Los trabajadores que durante el Estado de Alarma se vean en el paro por haber finalizado su contrato temporal, y no hayan cotizado suficiente para acceder a la prestación de desempleo, cobrarán un subsidio excepcional de un mes, ampliable por Decreto-ley. La cuantía será del 80% del IPREM, lo que suponen 430,27 euros.

Se puede disponer del dinero de los planes de pensiones

Los parados como consecuencia de un ERTE por la crisis sanitaria, los autónomos o empresarios obligados al cierre, podrán disponer durante seis meses del dinero ahorrado en planes de pensiones, pero solo en cuantía de los salarios o ingresos netos dejados de percibir durante el ERTE o el periodo de cierre obligatorio.

¿Qué ocurre con los billetes de avión, hoteles, viajes, espectáculos, gimnasios, suscripciones, etc.?

Todas estas cosas se han podido ver suspendidas por el Estado de Alarma. En este caso el Real Decreto-ley prevé que
los consumidores pueden pedir la anulación de los contratos o los pedidos en plazo de 14 días, a contar desde el 1 de abril. La empresa prestadora podrá contestar ofreciendo bonos canjeables más adelante u otras alternativas. Si el consumidor no acepta, o como máximo transcurridos 60 días desde que se tuvo que prestar el servicio o la compra, la empresa tendrá que devolver el dinero en plazo de 14 días.

Prohibida la publicidad de juegos de azar y apuestas.

Durante el Estado de Alarma, se prohíbe “cualquier forma de actividad publicitaria difundida por cualquier medio o soporte, destinada a promocionar, de manera directa o indirecta, las actividades de juego”

Medidas de apoyo a los autónomos y pymes

Cotizaciones a la Seguridad Social

Los autónomos de cualquier régimen (normales, profesionales, societarios, agrarios, etc) y las empresas tendrán seis meses para pagar, sin intereses, las cotizaciones de abril, mayo y junio (las empresas), o mayo, junio y julio (los autónomos), siempre que sus actividades no hayan cesado por el Estado de Alarma, o caído su facturación más del 75%. En este caso, se les aplica el Real Decreto-ley 8/2020 (no pagarán las cotizaciones de sus trabajadores y podrán acceder a la prestación extraordinaria por cese de actividad).

También podrán pedir el aplazamiento de deudas con la Seguridad Social que tuvieran que ingresar entre abril y junio (siempre que no tengan ningún otro aplazamiento en vigor), pagando el 0,5% de interés

Suministros de electricidad y gas

Los autónomos y empresas podrán suspender sus contratos, cambiar de comercializadora, modificar la potencia contratada, caudal de gas, etc., sin penalización ni coste alguno. Cuando termine el Estado de Alarma, tendrán plazo de 3 meses para reactivar el contrato y volver a modificar la potencia, caudal, etc. La compañía tendrá un plazo de 5 días naturales para hacerlo, también sin coste alguno.

También podrán solicitar la suspensión del pago de las facturas de estos suministros, correspondientes al periodo de duración del Estado de Alarma, y prorratear su importe en las facturas de los seis meses siguientes.

Donaciones al Estado

Cualquier empresa o particular podrá hacer donaciones al Estado, en dinero, suministros, inmuebles, etc., para la financiación exclusiva de los de la emergencia de salud pública en relación con el COVID-19 en España

Otras medidas administrativas

Se suspenden los plazos de recursos administrativos y tributarios, así como los de prescripción y caducidad de acciones.

Se prorrogan los contratos de personal docente e investigador en las universidades y en el Sistema Nacional de Salud

Hasta aquí lo más esencial para consumidores, autónomos y pymes. Si tiene alguna duda, consulte con los especialistas de De Juan & Asociados.

Expediente de Regulación Temporal de Empleo y Coronavirus COVID-19

El gobierno acaba de anunciar un paquete de medidas normativas y la movilización de recursos públicos (Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo) para paliar los efectos de la epidemia de coronavirus COVID-19.

Sectores más afectados

Sectores como el comercio, la hostelería, el turismo, la enseñanza privada y concertada, el deporte, etc., son los más afectados, porque han visto totalmente paralizada su actividad.

La pregunta que se hace el pequeño empresario y el autónomo es: ¿cómo soluciono esta situación excepcional? ¿Qué hago con los trabajadores, si no puedo afrontar sus salarios?

El ERTE

La respuesta es plantear un ERTE (Expediente Temporal de Regulación de Empleo) para su actividad o empresa. Los trabajadores se verán cubiertos por la prestación de desempleo, mientras dure esta situación excepcional, y el pequeño empresario o autónomo evitará la quiebra.

Para ello, en este caso planteará un ERTE por causas temporales de fuerza mayor (aquellas debidas a cusas como incendios, terremotos, inundaciones, o cualquier otra causa que dimane de un hecho externo ajeno a la esfera de actividad del empresario, siendo situaciones imprevisibles o inevitables). La resolución de la autoridad laboral se dictará, previas las actuaciones e informes indispensables, en el plazo de cinco días desde la solicitud y deberá limitarse, en su caso, a constatar la existencia de la fuerza mayor alegada por la empresa.

La reducción temporal de jornada

Otra posibilidad es plantear, por la misma causa de fuerza mayor, una reducción temporal de jornada, entre un 10% y un 70% de la habitual. La medida se encuentra regulada en el art. 47.2 del Estatuto de los Trabajadores, que establece como causas de reducción de la jornada de trabajo,  las económicas, técnicas, organizativas o de producción, y  las originadas por razones de fuerza mayor.

La elección de una u otra fórmula va a depender de la gravedad de la situación en que se encuentre la empresa o el autónomo.

Los autónomos

En cuanto al autónomo, por ahora seguirá pagando la cuota mensual a la seguridad social, salvo cese de su actividad por fuerza mayor. Sin embargo, si plantea un ERTE, no pagará las cotizaciones de sus empleados mientras dure esta situación. Se suaviza el acceso a la prestación extraordinaria por cese de actividad, cuando hayan tenido que cerrar sus establecimientos o suspender sus servicios. Su facturación deberá haber caído un 75% en relación con el semestre anterior.

Además de lo anterior, se han aprobado medidas para el aplazamiento de impuestos, se han interrumpido plazos de procedimientos administrativos y judiciales, etc.

¿Cómo hacerlo?

¿Demasiada información? ¿Es usted autónomo o pequeño empresario? ¿Necesita plantear un ERTE o acogerse a las medidas del gobierno? ¿No sabe cómo hacerlo?

Pinche aquí si quiere saber cómo le ayudamos.

Ayudas fiscales a la maternidad

Con la llegada de un nuevo miembro a la familia se incrementan los gastos mensuales, y qué menos que esta situación esté incentivada de alguna manera. La Agencia Tributaria quiere ayudar con pequeñas medidas fiscales con la llegada de los pequeños de la casa. Estas medidas básicamente son dos: la deducción por maternidad y la deducción por pago de guarderías.

La deducción por maternidad regula la deducción a las madres con hijos menores de 3 años de hasta 1.200€ anuales por hijo. Dicha deducción se puede solicitar de manera anticipada y pagadera de forma mensual (100€ al mes).

Además, esta deducción puede verse incrementada con la deducción de guarderías, si se cumple un requisito mínimo: madres trabajadoras (por cuenta propia o ajena) con hijo/s menor/es de 3 años inscritos en guarderías.

Tenemos que diferenciar entre el ticket o cheque guardería y la deducción por guardería. Comencemos con el primero: el cheque guardería no es más que el pago de la cuota de la guardería por parte de la empresa, ¿pero por qué nos iba a pagar nuestra empresa la guardería de nuestro hijo? Pues bien, en estos casos, puede salir beneficiado tanto el empresario como el trabajador. En el caso de la empresa, ésta se beneficiaría porque el gasto de guardería es deducible en su totalidad en el Impuesto de Sociedades, sin que haya máximo establecido. Y, en el caso del trabajador, la cantidad pagada por el empresario de guarderías está exenta de tributar, es decir, no se le aplicaría IRPF, y por tanto el salario neto será superior. Pongamos un ejemplo: una trabajadora tiene un salario neto de 1.500€ y la guardería le cuesta 300€, con lo que realmente tendría 1.200€ para el resto de sus gastos mensuales. Pues bien, si esos 300€ lo consideramos como salario en especie (pago de la guardería por parte del empresario) al estar exento de IRPF, el ahorro sería de 30€ (considerando un 10% de IRPF: 10% x 300€).

La segunda opción, es la deducción por guardería en la declaración de la renta. Este caso es mucho más sencillo: te puedes deducir las cantidades destinadas a guarderías con un máximo de 1.000€. Eso sí, la guardería deberá entregar a Hacienda el modelo 233 donde se reflejarán todos los datos relativos a los importes pagados por los progenitores.

A la hora de elegir qué opción es mejor para cada caso, sólo tenemos que hacer esos pequeños cálculos y elegir la opción de mayor ahorro. en el caso anterior, convendría la segunda  opción, ya que al pagar 3600€ anuales de guarderías, te puedes deducir 1000€ en la declaración de la renta (que es el máximo), sin embargo, en la primera opción solo te ahorrarías 360€ (30€ x 12 meses)

Además, es posible que haya más deducciones o subvenciones propias de cada comunidad autónoma o de cada municipio, por ello es importante invertir un poco de tiempo e informarse en cada ayuntamiento.

Patricia Penella

Departamento fiscal.

Gastos deducibles para el autónomo. Solucione sus dudas (parte 1)

La Agencia Tributaria ejerce un control cada vez mayor sobre las declaraciones de impuestos de los autónomos. ¿Cuáles son los gastos que puede deducirse?

Primera parte

Desde el departamento de Asesoría de Autónomos y Pymes de De Juan & Asociados nos disponemos a abordar este tema que tantas dudas y consultas  genera en el autónomo.

En los últimos tiempos venimos observando  un aumento significativo de la presión fiscal, que se traduce en más controles y revisiones por parte de la Administración Tributaria, dirigidos a comprobar la correcta deducción en el IRPF de los gastos en la determinación del rendimiento neto de la actividad de los empresarios y profesionales, personas físicas, titulares de negocios o actividades. Estos contribuyentes presentan una doble casuística: el ámbito personal y el empresarial, por lo que es frecuente la comprobación de que no se transfieran gastos de un ámbito al otro.

Es por este motivo que hoy nos centraremos en la revisión de forma más detallada en las obligaciones a cumplir a la hora de proceder a determinar el rendimiento neto y el criterio de imputación de ingresos y gastos que se deben utilizar en su actividad.

Este proceso de revisión y control se inicia muchas veces con el requerimiento de la aportación de los libros registros de carácter obligatorio, posteriormente se aportarán las facturas justificativas que sean de interés para los órganos de gestión tributaria de la AEAT, y en función de si la deducción se considera correcta o no, puede generarse una propuesta de liquidación provisional del IRPF correspondiente al ejercicio objeto de corrección, que será la nueva liquidación propuesta por la administración teniendo en cuenta su criterio de deducciones.

Por esto desde De Juan & Asociados creemos muy importante revisar una vez más qué gastos son deducibles y qué condiciones deben cumplir. En primer lugar, los requisitos a cumplir de forma general para los gastos son:

  • Que estén contabilizados/registrados en los libros registros de los empresarios.
  • Que estén justificados documentalmente (mediante factura o documento equivalente).
  • Imputación temporal en la Base Imponible del IRPF del periodo en el que se han devengado.
  • Los gastos deberán estar correlacionados con los ingresos, es decir, el gasto deberá tener relación directa o indirecta con los ingresos o con alguno de los activos afectos a la actividad. 

Son deducibles los gastos, siempre que tengan que ver con la actividad económica realizada, relativos a:

  • Compras y consumos
  • Gastos de servicios profesionales
  • Las primas de seguros
  • Suministros como el consumo de gas, electricidad y agua, arrendamientos y cánones y gastos de manutención
  • Conservación y reparación, distinguiéndose los que se consideren mayor valor de los inmovilizados
  • Transportes
  • Material de oficina
  • Gastos de comunicación
  • Servicios de asesoría
  • Relaciones públicas y publicidad
  • Tributos
  • Gastos de personal
  • Seguridad Social a cargo de la empresa (cotizaciones de los empleados, así como del propio empresario)
  • Otros gastos laborales
  • Gastos financieros y 
  • Dotaciones a la amortización

Los empresarios profesionales mayoritariamente determinan el rendimiento siguiendo el régimen de estimación directa ya sea en su modalidad Normal (referido a la normativa del Impuesto de sociedades) o bien en la modalidad Simplificada, similar a la anterior pero con algunas especialidades para las amortizaciones, la aplicación del deterioro por insolvencias de forma global según el saldo a final de ejercicio y también pueden incorporar por provisiones y gastos de difícil justificación la deducción de un 5% del rendimiento neto con el límite de 2.000€.

Continúa en segunda parte…

Incremento del salario mínimo. A favor y en contra.

El Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019, reza en su preámbulo:

En cumplimiento del mandato al Gobierno para fijar anualmente el salario mínimo interprofesional, contenido en el artículo 27.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, se procede mediante este real decreto a establecer las cuantías que deberán regir a partir del 1 de enero de 2019, tanto para los trabajadores fijos como para los eventuales o temporeros, así como para los empleados de hogar.

 Las nuevas cuantías, que representan un incremento del 22,3 por ciento respecto de las vigentes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, son el resultado de tomar en consideración de forma conjunta todos los factores contemplados en el citado artículo 27.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

 ….Artículo 1. Cuantía del salario mínimo interprofesional. El salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 30 euros/día o 900 euros/mes, según que el salario esté fijado por días o por meses.

 

 

Este aumento del 22,3% (hay que remontarse hasta 1977, cuando la inflación en España fue del 26,39%, para encontrar un porcentaje similar), ha provocado una avalancha de comentarios favorables y contrarios. Desde 2009, año en que se fijó en 624 euros, hasta 2018, cuando alcanzó 735,90 euros, el promedio de incremento en cada anualidad ha sido del 2%, porcentaje, si bien superior a la inflación, moderado desde una perspectiva macroeconómica.

 

Por su parte, la base mínima de cotización a la Seguridad Social (858,6 euros en 2018), se incrementa también un 22,3%, hasta los 1.050 euros mensuales. El nuevo salario y base mínima de cotización beneficiarán directamente a 1,2 millones de trabajadores (cerca del 8% de los asalariados).

Tan excepcional medida ha hecho saltar ciertas alarmas por las consecuencias que pueda tener en la economía y, especialmente en el empleo.

 

Sus defensores creen que beneficiará a la economía general, porque un número significativo de trabajadores tendrán más ingresos, lo que redundará en más dinero para la Seguridad Social y Hacienda, tanto a través del IRPF, como a través del IVA, debido al aumento del consumo de las familias. Por su parte el gobierno, además de las anteriores razones, defiende la medida como herramienta de redistribución de la riqueza.

 

Pero, ¿quién soporta la carga? Para los detractores de la subida, si el SMI es muy alto, los empresarios serán reticentes a contratar, especialmente a trabajadores de baja cualificación, y las pequeñas empresas y autónomos empleadores no podrán asumir en muchos casos el aumento de costes, todo lo cual provocaría despidos, amortización de puestos de trabajo y un aumento de la economía sumergida. Consideran la medida, pactada con los partidos de izquierda, pero no con la patronal, como electoralista y con afán recaudatorio.

Habrá que esperar al medio y largo plazo para conocer el impacto real en la economía, y confiar en que finalmente la afectación en el empleo no sea significativa, porque pesen más sus efectos positivos que los negativos.

De Juan & Asociados

Departamento Laboral

¿ Le interesa un renting de vehículo?

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